El triunfo de Milei en las elecciones del año pasado representó un shock para el sistema político por una diversidad de razones. No solo Milei rompió la clásica polarización entre un campo peronista y uno no peronista, sino que es muy difícil encontrar antecedentes de un discurso como el suyo en la política democrática argentina. El ajuste siempre funcionó como un concepto valorativamente cargado. Decir ajuste era denunciar ajuste. Sin embargo, Milei hizo campaña con una motosierra y repitió una y otra vez que no iba a tener ningún problema con el FMI porque su recorte iba a ser mucho mayor que el que pedía esa institución. Así y todo, logró imponerse largamente en el ballotage y hasta el día de hoy conserva niveles decrecientes, pero sorprendentemente altos de popularidad.
Todos estos son lugares comunes. Se derramaron ríos de tinta sobre las causas del triunfo de Milei y no quiero repetir una y otra vez las mismas caracterizaciones. Sí me interesa, sin embargo, poner el foco en el golpe que representó el triunfo de Milei para el sistema político y el discurso público. A más de nueve meses de la asunción de Milei, el sistema político no parece todavía haberse acomodado. El PRO y la UCR se debaten entre acompañar y oponerse, el peronismo kirchnerista está cada vez más perdido en su interna y el centrao no parece encontrar un discurso nítido.
Parte del atractivo de Milei reside en señalar cuestiones bastante sensatas como el valor del equilibrio fiscal o la necesidad de tener un estado eficiente. Más allá de si sus políticas contribuyen o no a solucionar estos problemas, es interesante la forma en la que se articula este discurso. El rey está desnudo parece decir, y la sociedad parece estar de acuerdo. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que dijeron que el rey estaba vestido? ¿Con qué ropas simulaba cubrirse? Seguramente haya muchas respuestas posibles a esta pregunta, y seguramente todas ellas sean parcialmente ciertas. Me interesa la que me toca de cerca: el progresismo.
El interés por el rol del progresismo en la construcción del discurso atacado por Milei tiene muchos orígenes. En términos personales, me considero parte del progresismo y mucha de la gente que me rodea también, por lo que tiene una dimensión autocrítica. En segundo lugar, Milei parece tener en el progresismo uno de sus enemigos predilectos. Es interesante que la UCR en general y Alfonsin en particular sean uno de sus blancos favoritos. En el mismo sentido, Milei celebró los problemas del diario Perfil, de claro perfil progresista. El ataque de Milei al progresismo, sin embargo, no se limita a algunos de sus actores emblemáticos, sino que se también se extiende a sus principales banderas discursivas como el financiamiento universitario, el aumento de las jubilaciones, las políticas de memoria verdad y justicia, las empresas públicas, los mecanismos de financiamiento de la cultura o las políticas que garantizan derechos del colectivo LGBTQ+ entre muchos otros. Parecería, entonces, que Milei se para como la contracara del progresismo y, por lo tanto, tiene sentido preguntarnos por qué los progresistas somos un blanco tan redituable.
Quiero argumentar, al menos a modo de hipótesis, que el progresismo sufre de tres problemas estructurales: una fuerte negativa al cambio, una cierta ceguera hacia los efectos distributivos de sus políticas y un nivel no menor de hipocresía en su discurso. Antes de seguir, es necesario aclarar que cuando hablo de progresismo no me refiero a un conjunto de ideas sino más bien a un cierto campo político. De hecho, los problemas que quiero señalar son problemas en tanto defendamos las ideas que tradicionalmente consideramos progresistas como la igualdad y el respeto por la democracia y los derechos humanos.
Una de las principales características del discurso progresista de los últimos años fue su defensa del statu quo. Tal vez por una vocación reactiva hacia los movimientos a la derecha o tal vez por cierta comodidad de algunos de sus actores centrales, la gran masa progresista se caracterizó en el último tiempo por rechazar ciertas aproximaciones a problemas centrales sin proponer una alternativa viable. Probablemente la gran excepción a esto sea el avance de las conquistas en materia de género y derechos del colectivo LGBTQ+, en donde se promovió una agenda clara y se lograron objetivos concretos. Sin embargo, esto parece ser la excepción más que la regla dentro del progresismo.
La negativa al cambio y a la búsqueda de alternativas viables para el país puede apreciarse a través de distintos reclamos. Probablemente el ejemplo más paradigmático sea la discusión en torno al acuerdo con el FMI. Esta disputa tenía por un lado a un sector del peronismo y la izquierda que creía o bien que era posible un acuerdo más generoso, lo que entraba en el orden de la ciencia ficción, o bien que ningún acuerdo con el FMI era aceptable, lo que significaba una defensa velada del default. Por otro lado, Martin Guzmán defendió el acuerdo porque no implicaba ninguna reforma previsional, tributaria ni laboral. La defensa de la falta de reformas era extremadamente curiosa para un país con una estructura tributaria más que problemática y un sistema previsional difícilmente sostenible. Sin embargo, los argumentos progresistas oscilaban entre la defensa del statu quo y el reclamo solapado de un default.
La otra reforma que Guzmán se enorgullece de no haber hecho es la laboral. En un país donde menos de la mitad de los trabajadores tiene un salario en blanco, el argumento progresista busca defender la ausencia de modificaciones al régimen laboral. A pesar de que la informalidad laboral es un fenómeno que deja sin protección a millones de trabajadores, desproveyéndolos de cualquier marco legal en su trabajo, la preocupación del discurso progresista no pasó en ese entonces y no pasa actualmente por buscar un mecanismo que les permita incorporarse al trabajo formal. Por el contrario, el discurso se concentra en una “defensa” de lo existente, sin mayor preocupación por aquellos a quienes lo existente no llega. Por supuesto, pretender un cambio no significa plegarse a las demandas de los sectores de derecha. Pero enorgullecerse de la ausencia de modificaciones se parece mucho a argumentar que las cosas están bien así como están.
Esta misma tendencia al inmovilismo puede apreciarse en la forma en la que se aborda el problema del empleo público. Hace algunos años, una profesora de la facultad nos invitó a los estudiantes a una marcha para reclamar contra la apertura de concursos en el CBC. El argumento del reclamo era que, si se abrían los concursos, muchos docentes interinos se iban a quedar sin su fuente de trabajo. En este reclamo pueden apreciarse dos aspectos centrales del discurso que gobierno estos años. Por un lado, el reclamo priorizaba las fuentes de trabajo de los docentes actuales por sobre las fuentes de trabajo futuras de quienes ganaran los concursos, es decir que en cierta forma promovía el inmovilismo. Por otro lado, el reclamo no incluía consideraciones respecto a quienes deberían ser la principal preocupación de la universidad: los estudiantes.
El discurso inmovilista respecto al empleo público va mucho más allá de mi profesora. Así como muchas veces se denuncia un “ajuste” como si cualquier reducción del déficit fiscal a través de la reducción del gasto fuera un problema, lo mismo pasa con los despidos en el estado. Oponerse a cualquier reducción del empleo público, sin embargo, clausura una serie de conversaciones sobre como tener un estado eficiente y dotado de los recursos necesarios para cumplir con las muchas funciones que le asignamos los progresistas.
Otro de los grandes problemas del discurso progresista es su abandono de las consecuencias distributivas de las políticas que defiende. La discusión en torno al subsidio a las tarifas durante el gobierno de Alberto Fernández y la quita del impuesto a las ganancias lo reflejan con claridad. Ambas políticas mejoraron la situación de los grupos con una mejor posición en términos económicos de la sociedad. Sin embargo, la oposición a la quita de subsidios se volvió hace más de diez años una bandera del progresismo, así como “el salario no es ganancia” se transformó en un principio inquebrantable. Una mirada igualitaria sobre la distribución de los recursos, sin embargo, debería encontrarse perturbada por que ambas políticas tiendan a beneficiar a los primeros deciles de la población en un contexto de recursos sumamente limitados y una pobreza creciente.
Por último, creo que una parte cada vez menor pero relevante durante muchos años del progresismo desarrolló un zigzagueante en torno a la democracia y los derechos humanos. Por un lado, a nivel nacional el progresismo es muy sensible respecto a ciertas reivindicaciones de derechos humanos. La sensibilidad es tal que parecería que alcanza incluso a gobiernos que difícilmente podrían ser acusados de antidemocráticos. Así, durante años las marchas del 24 de marzo se caracterizó al gobierno de Macri como “la dictadura”, y se llegó al punto acusar a los porteños de votar a los que quieren ocultar lo peor de la historia argentina.
Es posible pensar que estas posiciones responden a una sensibilidad muy alta respecto a las cuestiones de democracia y derechos humanos. Sin embargo, a la hora de pensar tanto en regímenes nacionales como los de Maduro o Putin o subnacionales como el de Insfran, esta misma sensibilidad parece desaparecer. A pesar de sostener un estándar altísimo para los gobiernos nacionales, las reelecciones indefinidas, las sospechas de fraude, los ataques a la oposición y a la prensa y la cooptación del poder judicial no parecen ser hechos que despierten la preocupación de buena parte del progresismo. Como consecuencia, el reclamo por los derechos humanos se desdibuja y se confunde con un reclamo partidario, perdiendo su fuerza transversal.
Pero no todo es desesperanza. Como dije en los primeros párrafos, Milei eligió al progresismo para confrontar y eso lo pone bajo el brillo de los reflectores. Ahora bien, para poder dar una discusión convincente es necesario tener un discurso articulado, que no se agote en repetir viejos mantras y que realmente ataque lo que los progresistas consideramos problemas. Así, es necesario buscar mecanismos que garanticen que la educación pública va a ser de calidad, un plan económico que le permita a los trabajadores desarrollar su vida en un contexto de estabilidad, una política distributiva que se concentre en la transferencia de recursos hacia los sectores más desaventajados de la sociedad, una política de derechos humanos que no haga la vista gorda frente a los problemas de los regímenes autoritarios en Argentina y el exterior.
Desarrollar una nueva narrativa progresista requiere abandonar la agenda reactiva, marcada por la presencia constante del término “defensa”, como si estuviéramos ganando un partido que ya está por terminar. Por el contrario, construir un discurso progresista que permita pensar en una alternativa viable de país requiere que miremos a los problemas de frente y pensemos en como atacarlos. Por más incomodidad que eso pueda generar, esa tarea requiere atarnos fuerte a nuestros principios más fundamentales y dejar ir nuestro compromiso con ciertas políticas específicas. Solamente así vamos a tener la creatividad y el pragmatismo necesarios para construir una alternativa progresista.
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