El gobierno decidió lanzar un paquete de reformas que modifican los más diversos aspectos de la vida pública. Esta estrategia nos introduce a los ciudadanos en una vorágine de información y discusión que atenta contra la discusión que requieren los cambios que afectan aspectos centrales de nuestra vida en comunidad.
Aunque no parezca, el gobierno de Milei empezó hace unos pocos días. Sin embargo, en estos días vivimos tres momentos muy relevantes. Primero, el ministro Caputo anunció una serie de recortes en el gasto, suba de impuestos y una devaluación. Más adelante, el presidente Milei anunció por cadena nacional la sanción de un decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos que cubre temas tan variados como la posibilidad de convertir a los clubes en sociedades anónimas, cuestiones relativas a las relaciones laborales y la derogación de la ley de alquileres entre muchas otras. El miércoles 27 de diciembre se conoció el proyecto de ley “ómnibus” que incluye cambios en cuestiones más que diversas como el régimen pesquero, el sistema electoral y un blanqueo de capitales, contenidos en un texto de 664 artículos. Así, incluso si dejáramos de lado algo tan relevante como el programa económico del gobierno, estaríamos discutiendo 1030 artículos a la vez.
Con estos tres eventos, los ciudadanos nos vimos sumergidos en una vorágine de información y discusión sobre cuestiones muy distintas, abarcando tanto el fondo de estas medidas como la forma en la que fueron adoptadas. La velocidad, diversidad y profundidad de las reformas propuestas por el gobierno en unos pocos días activó una cantidad enorme de discusiones que se desarrollan de manera simultánea. Mientras algunos discuten la política del Banco Central o el ajuste fiscal, otros se preocupan por las modificaciones a la ley de bosques y otros por la regulación del derecho a la protesta, a la vez que otro grupo discute la constitucionalidad del DNU dictado por Milei. Estas conversaciones suceden a la vez y los ciudadanos podemos optar por realmente comprender una de ellas o picar un poco de cada una, sin lograr más que un nivel mínimo de información.
Esta dinámica es bastante problemática desde el punto de vista democrático. La democracia requiere que todos tengamos la posibilidad de informarnos, discutir y participar de formas diversas en el proceso que lleva a la adopción de las normas que nos gobiernan. Si bien es cierto que vivimos en una democracia representativa donde las leyes las hacen los diputados y senadores, también lo es que ellos legislan dentro del marco que da la sociedad civil. Así, una gran resistencia social a cierta medida o una demanda masiva de cierta legislación como los reclamos de “Ni una menos” impactan en la actividad de los representantes. Así, lo que distintos actores de la sociedad civil dicen en los medios tradicionales, en redes o en la calle es una parte fundamental de una democracia robusta.
La dinámica democrática que permite a los distintos actores participar ya sea de forma informal o en instancias institucionales dialógicas como las audiencias públicas, sin embargo, se ve dificultada por la forma en la que se están implementando las medidas del gobierno. Uno de los principales desafíos de la conversación pública es la falta de tiempo. No sólo las personas tenemos trabajos y vidas personales que nos dejan poco tiempo para las cuestiones públicas, sino que incluso si pusiéramos a todos los ciudadanos a conversar entre ellos y esperáramos que todos hablaran, el tiempo que eso llevaría sería incalculable. Este problema es obviamente imposible de solucionar, por lo que en la práctica tenemos democracias que se ajustan de formas imperfectas a este problema.
El problema del tiempo, sin embargo, debe ser considerado a la luz de otra dimensión. Si tratar una cuestión lleva una cierta cantidad de tiempo, tratar dos de complejidad similar probablemente lleve algo así como el doble. Si llevamos este razonamiento más allá, es claro que tratar una infinidad de reformas sobre temas más que diversos llevará muchísimo tiempo.
Una alternativa que tenemos en caso de tener que tomar una decisión más o menos rápida es empeorar la calidad de la discusión. Cuanto menos profundos sean los argumentos, menos esperemos que se informen los ciudadanos y menos participación esperemos, necesitaremos menos tiempo. Esto parece ser lo que sucede con las propuestas del gobierno. Es difícil imaginar que el gobierno tenga el más mínimo compromiso con la discusión pública si decide tratar una infinidad de cuestiones al mismo tiempo. Parece imposible discutir sobre el estatus legal de los clubes, la legítima defensa, los alquileres y la “Ley Micaela” a la vez. Por el contrario, da la impresión de que se espera que muchos acompañen y otros tantos rechacen, pero sin que exista un proceso de discusión amplia y considerada sobre el contenido de las regulaciones.
La falta de compromiso del gobierno con el diálogo político, sin embargo, va mucho más allá de la presencia simultánea de temas complejos y diversos. Es posible verla también en la forma en la que muchas de estas medidas fueron comunicadas y sancionadas. El DNU sancionado unos pocos días atrás, por ejemplo, contó con un proceso de discusión previo tan pobre que ni siquiera el periodismo conocía su contenido hasta que se anunciaron. Asimismo, tanto el protocolo para las fuerzas federales de seguridad como el proyecto de ley “ómnibus” muestran una preocupación del gobierno por restringir y criminalizar la protesta social, lo que llega hasta el extremo de castigar no sólo al manifestante sino también a quien convoque a la manifestación. Tal como señalaron Sebastian Guidi y Marcos Aldazábal hace unos días, la negativa que explicar qué es lo que no se ve cuando “no la ven”, también muestra esta falta de predisposición a la discusión pública.
Existe una explicación posible para esta dinámica. El día siguiente al anunció del DNU y de las protestas que le siguieron, Federico Sturzenegger hizo suyas las palabras de un ayudante suyo que dijo que nunca vio tanta gente quejarse de que le den más libertad. Los presupuestos de fondo de esta afirmación es que tener más libertad es siempre bueno y que el DNU otorga más libertad. Así, no tendría mucho sentido discutir el contenido del decreto. Sin embargo, la democracia no puede presuponer que un espacio político está en lo correcto y los demás equivocados. Por el contrario, la discusión pública existe justamente para que sometemos nuestras creencias al examen crítico de otros ciudadanos, lo que nos exige un cierto nivel de argumentación y nos permite conocer nuevos argumentos. Así, accionar en un sentido asumiendo que uno tiene razón en lugar de someter las propias ideas a un profundo debate público, parece contrario al espíritu dialógico de la democracia.
La forma en la que el gobierno decidió avanzar con una serie de reformas profundas y que por lo tanto merecen nuestra atención y dedicación parece atentar contra este mismo objetivo. Lejos de ser un accidente, una serie de hechos parecen mostrar que el gobierno otorga un lugar marginal a la discusión pública en su sistema de valores. La conversación política, sin embargo, es uno de los aspectos centrales de los sistemas democráticos y no debería ser pasada por alto.
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